El
porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo para 2014 previsiblemente se situará
por debajo del 0,20% de la RNB – niveles comparables a los de hace casi 30
años. Se trata de recortes brutales frente a lo que el gobierno denomina como
“Presupuestos de la Recuperación”.
Los
PGE2014 demuestran que los Ministerios de Economía y Hacienda continúan ganando
protagonismo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es
el que por Ley debería liderar este tipo de actuaciones.
La
Agencia Española de Cooperación vuelve a ver su presupuesto reducido,
acumulando una caída del 70% desde 2011.
Los Presupuestos
Generales para 2014 han asestado un nuevo golpe mortal a la cooperación. Según
estimaciones realizadas por la Coordinadora de ONGD –pendientes de ser
contrastados con el informe agregado de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la
Secretaría de Estado para la Cooperación– el recorte asciende a un 9,2% con
respecto al año pasado; lo que situaría a la cifra destinada a
cooperación en menos de 2.000 millones de euros.
Estas cifras ponen sobre la mesa la incoherencia
de los denominados por el gobierno como “Presupuestos de la recuperación”. Si
por un lado Rajoy defendió la semana pasada en la ONU que se volvería a apoyar
una inversión en cooperación generosa, inteligente y eficaz a medida que
creciera la economía española; y, por otro, en los PGE2014 se segura que la
economía española crecerá un 0,7%, no se entiende que los fondos destinados a
la cooperación no aumenten en igual medida que la riqueza de nuestro país. Menos
aún cuando el Gobierno viene insistiendo en los últimos meses en apostar por
una mayor presencia internacional, que incluye, entre otros, lograr un asiento
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Debilitamiento de la
AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo – agencia especializada del Estado para trabajar en
cooperación–, ve recortado su presupuesto en 26 millones de euros, es decir, un
10% menos respecto a 2013. Esta reducción se une a la sufrida el año pasado que
ascendió a un 36%, de manera que acumula un descenso de más del 70% con
respecto a la AOD presupuestada en 2011. Esta caída libre de sus fondos
afectará directamente a las capacidades humanas y técnicas que se han
desarrollado durante décadas de trabajo, poniendo en peligro el trabajo tanto
de la Agencia como de las ONGD, que han demostrado ser eficientes ejecutores de
la política pública de cooperación. Igualmente el diálogo político, a cuyo
refuerzo ha contribuido enormemente los programas bilaterales de la AECID, se
verán enormemente afectados.
Brutal reducción de los fondos gestionados a través de ONGD
Los recursos destinados a ONGD caen un 50%. Un
porcentaje que se une al sufrido en 2012 (-35%) y en el 2013 (-17%) y que
debilita profundamente el papel que la sociedad civil tiene en la gestión de la
política pública de cooperación.
Llama especialmente la atención que los fondos
destinados a acción humanitaria gestionada por ONGD descienda un 80%, quedando
reducida a la exigua cantidad de medio millón de euros. Estas cifras son más
que alarmantes ya que su gestión a través de ONGD suponen un enorme diferencial
a la hora de llegar y atender a las personas víctimas de crisis humanitarias.
En términos globales, la acción humanitaria lleva
un recorte acumulado de más del 80% desde 2011, lo que hace que, aunque de
manera general haya aumentado 4 millones, esta subida sea más que una mejoría
anecdótica en una partida que ha de ser flexible y estar bien dotada.
Si los principales actores de la cooperación
española –MAEC, AECID y ONGD- sufren un descenso en sus fondos de tal magnitud,
¿cómo mantener esa política pública? No podemos hablar de una política de
cooperación con relevancia global sin dotarla de los recursos necesarios para
ejecutarla.
Síntoma de un contexto caracterizado por el recorte de las políticas
sociales
El brutal recorte acumulado de los fondos
destinados a la cooperación responde a los programa de ajuste que conducen al
debilitamiento progresivo de las políticas públicas que garantizan los derechos
de las personas. Prueba de ello el enorme recorte sufrido en sanidad cuyos
fondos descienden en torno a un 35%. El cumplimiento del déficit no puede
seguir siendo utilizado como excusa para recortar aún más los derechos de la
ciudadanía y acabar con las políticas públicas abocando a millones de personas
a situaciones de pobreza e inseguridad.
