Contra la pobreza y la desigualdad: soluciones basadas en derechos.
¡No dejemos a nadie atrás!
“Al igual que la esclavitud y la segregación racial, la pobreza no es natural. Está hecha por el hombre y puede ser vencida y erradicada por las acciones de los seres humanos.”. Nelson Mandela
Desde hace más tiempo del que queremos recordar, se conmemora todos los años – el 17 de octubre – el día internacional para la erradicación de la pobreza.
Cada año, la ciudadanía es testigo de grandes compromisos, declaraciones y fotos estrechando manos entre las y los líderes mundiales. Grandes intenciones y afirmaciones que repiten que se van a adoptar todas las medidas necesarias para acabar con la pobreza y con las desigualdades; conseguir un mundo donde todas las personas puedan vivir con dignidad; y que se van a respetar los límites planetarios y el medio ambiente.
Un ejemplo de estos compromisos es la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas hace poco más de un año; o la Cumbre de París donde se alcanzó un acuerdo contra el cambio climático.
No se trata sólo de firmar acuerdos: se trata de adoptar medidas para cumplirlos.
A día de hoy, en el contexto español, poco se ha avanzado en la implementación de medidas concretas para avanzar en el cumplimiento estos compromisos. Frente a esto, existe una realidad dual donde, por una parte, las cifras de pobreza son alarmantes, y por otra, la coyuntura política invita a pensar que no se puede hacer nada al respecto.
En España, unas 13 millones de personas (es decir, el 29% de la población) están en riesgo de pobreza y exclusión social. Cifras verdaderamente sonrojantes, también en lo internacional, donde 836 millones de personas viven en situación de pobreza extrema.
Es verdad que existen factores que podrían servir como excusa para el inmovilismo, además de presiones externas para la adopción de medidas regresivas con los derechos. También es cierto que el actual gobierno español está tomando decisiones que influyen innegablemente en las cifras de pobreza y desigualdad. El viernes, justamente, se confirmó que el gobierno autorizó la firma del acuerdo CETA con Canadá. Acuerdo que ha sido ampliamente rechazado por muchos sectores de la sociedad civil por sus características y los riesgos que conlleva a nivel mundial.
Existe una interrelación directa entre la erradicación de la pobreza y de las desigualdades, la consecución de los derechos humanos, y las decisiones políticas, manifestadas en las políticas públicas, (y, consecuentemente, su coherencia). Decisiones políticas como la vía libre al CETA, constatan que se están primando los intereses de las multinacionales y de las élites económicas, antes que los derechos de las personas y el bienestar del planeta.
Un compromiso no sirve sólo para hacerse la foto. Los Estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos – y los gobernantes la obligación de cumplirlas y rendir cuentas ante la ciudadanía. Algunas de estas obligaciones, cristalizadas en el derecho internacional, suponen abstenerse de actuar en contra de los derechos humanos – a través de políticas regresivas en materia laboral o ambiental-; impedir que otros priven a las personas de sus derechos– impulsando reducción en la protección y coberturas sociales-; y finalmente en adoptar todas las medidas necesarias para progresivamente realizar todos los derechos.
Con tratados como el CETA, el TiSa o el TTIP, se favorecerán políticas que impidan la erradicación de la pobreza, de la desigualdad, y la realización de los derechos humanos.
Las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos quedarían en entredicho con mecanismos como el de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés, Investor-to-State Dispute Settlement), o su marca blanca, el Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS). Estos mecanismos, ambos parte del TTIP y del CETA, otorgan a los inversores extranjeros el derecho de demandar a un Estado, ante tribunales poco transparentes, por promover políticas que choquen con sus intereses.
Así pues, cualquier política encaminada a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, o medidas de protección medioambiental, social, o laboral, podría ser utilizada para chantajear a los Estados para conseguir beneficios para las multinacionales, o debilitar, el ya de por sí deteriorado, Estado de Bienestar.
Soluciones basadas en derechos
Este 17 de octubre se recordará que un día muchos Estados “de buena voluntad” se comprometieron con la erradicación de la pobreza. La ciudadanía no quiere ser sólo testigo de los compromisos que se convierten en papel mojado, mientras siguen aumentando las cifras de pobreza.
Las soluciones y las decisiones que se planteen tienen que estar basadas en derechos. Aceptar tratados comerciales que van en contra de los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, que promueven la pobreza y la desigualdad, no es una opción.
Idealmente, el 17 de octubre se convertirá en el futuro en un día de celebración y no de protesta. Mientras ese momento llega, miles de personas seguirán movilizándose para seguiremos saliendo a las calles, como cada año, para exigir que no se deje a nadie atrás.
