Si, como decía la
escritora nicaragüense Gioconda Belli “la solidaridad es la ternura de los
pueblos”, a la España de nuestros días le faltan muchos afectos. La Ayuda
Oficial al Desarrollo ha sufrido un recorte del 70% entre 2008 y 2012 y el año
pasado destinó 234 millones menos, equiparable a la inversión hecha en los años
90. La cooperación española, a punto de entrar en fase de deconstrucción, pide
a gritos una política más justa que no se olvide del Sur.
Texto: Silvia Zancajo. Ilustración: Adrián de la Natividad Escudero.
En Mozambique, unas 8.000 personas viven pendientes de una inversión que no llega para tener, por fin, acceso al agua potable. Ingenieros sin Fronteras (ISF) ha tenido que paralizar el proyecto por falta de dinero. En Haití, un colegio de acogida a niños peligra. Cada recorte en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tiene consecuencias directas sobre la vida de miles de personas sumidas en la más absoluta pobreza.
Las ONG hacen malabarismos cada día, no ya para mantener su estructura, abocada también a los despidos, sino para salvar los proyectos de cooperación en marcha, cuya suspensión supone en muchas ocasiones, además, arrojar por la borda lo ya gastado. Lo que sigue es el panorama que presenta la AOD en España, cifras y testimonios que esconden dramas de una magnitud difícilmente digerible en Occidente.
Hace más de 40 años, los países más industrializados del mundo se comprometieron a destinar un porcentaje del 0,7% de su Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países empobrecidos del Sur. La propuesta, adoptada por las Naciones Unidas en el año 1972, ha sido ratificada en años sucesivos en diferentes cumbres, así como reafirmada permanentemente en España por todos los partidos políticos en acuerdos concretos, desde el Pacto de Solidaridad firmado en 1995 a los Objetivos del Milenio para el 2015. Pero a dos años vista de esa fecha, el panorama de la cooperación española es bien distinto.
Líderes en recortes
El porcentaje destinado actualmente por España a la AOD corresponde al 0,17% de la RNB. El 0,7% fijado por Zapatero como objetivo para el 2012 suena a lejana utopía. El presupuesto de AOD fue ‘afeitado a guillotina’ en 2012, con un recorte del 49%. Este dato, sumado al recorte del 32,7% del año 2011, sitúa a España como líder en recortes en AOD entre los Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En 2012, la ayuda al desarrollo presupuestada ascendía a 2.335 millones de euros. Finalmente, la cantidad desembolsada fue de 1.948 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros). Son ajustes que se deciden en los despachos. Las consecuencias, que se ceban con los más débiles, se notan a miles de kilómetros.
Para tomar perspectiva, buscamos los datos de países con una situación económica similar, y las cifras coronan a España como líder en recortes en cooperación: Italia disminuyó la ayuda el año pasado en un 34%; Grecia, un 17%; y Portugal, un 13%. Otros países, en cambio, aumentaron los fondos: por ejemplo, Corea, que incrementó su AOD en un 17,6%, Luxemburgo, en un 9,8%, e Islandia, que subió su aportación un 5,7%. La partida actual coloca a España en el puesto 15 entre los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en términos absolutos y en el puesto 21 en términos relativos (sobre un total de 24). Esto supone volver a cifras de los años 90 del siglo pasado, cuando España no se consideraba siquiera un país donante de forma oficial.
El año 2008 vivió el punto más alto en la AOD. Ese ejercicio, España destinó 5.200 millones de euros a cooperación, un 0,5% de su RNB. Desde entonces, esta partida ha sufrido una caída del 70%. Desde la Coordinadora de ONG para el desarrollo (Congde) denuncian una realidad desoladora.
Su presidenta, Mercedes Ruiz-Giménez, nos cuenta que “los recortes dejan a la cooperación al borde del desmantelamiento. La Agencia de Cooperación Española (Aecid), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lleva un recorte acumulado en su presupuesto del 70%, lo que pone en riesgo su propia viabilidad. Las ONG agrupadas en la Coordinadora han tenido que reducir su personal un 50%, sobre todo en el terreno. Alrededor de un 20% de las organizaciones han abandonado algún país por falta de fondos, y un 65% ha reducido su actividad. No se puede hacer más con menos”, se lamentan desde la Coordinadora.
El ‘guillotinazo’ no es solo estatal. Según la Congde, la AOD de las Comunidades Autónomas se recortó en 2013 en torno a los 134 millones de euros. En 2008 esa partida fue de 464 millones, lo que supone un recorte del 70% en el periodo 2008-2013.
Valencia es la que ha presentado un mayor recorte en 2013, de los 68,8 millones de euros de 2008 a los 3,4 de 2013. Un tijeretazo del 95%. En Madrid la ayuda se redujo alrededor de un 80% en el periodo de 2008 a 2013 (de 40,5 millones en 2008 a 7,8 en 2013) y, tal y como denuncia la Coordinadora de ONG de la Comunidad, aún no hay convocatoria de subvención para 2013. Andalucía sigue siendo la que más destina, 44 millones en 2013 frente a los 96,7 de 2008. Pero, a pesar de ello, la deuda ha sido uno de los problemas que más ha afectado a las ONG, aunque se está saldando lentamente.
Los impagos son precisamente el gran problema de Cataluña, donde no solo se ha reducido el presupuesto (de 67,4 millones de euros en 2008 a 9,5 millones de 2012), sino que la Administración reconoce una deuda de 14 millones de euros con las organizaciones. La Federación Catalana de ONG (FCONGD) estima que esa cifra ascendería a 20 millones en los primeros meses de 2013. Esta situación ha llevado a que muchas ONG, que en su día decidieron endeudarse contando con el dinero comprometido por la Generalitat, hayan tenido que paralizar proyectos a causa de los impagos y ante la falta de fondos.
Es el caso del proyecto de Ingeniería sin Fronteras (ISF) en Mozambique. La ONG española, junto con Unión Nacional de Campesinos (UNAC) inició en 2011 el Programa de agua, saneamiento y fortalecimiento institucional de la UNAC en el Distrito de Funhalouro (Mozambique). Durante tres años, hasta 2013, debían abordar la problemática del acceso al agua en un total de 22 comunidades rurales de esa provincia con unos niveles de desarrollo realmente bajos. El 80% del total de un millón de euros con los que contaba el programa corresponden a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. De los tres pagos anuales, solo se hizo efectivo el de 2011.
Miquel Carrillo, cooperante sobre el terreno, nos cuenta cómo en marzo de 2011 se avisó a ISF de manera informal que el pago de 2012 ya no se haría efectivo, y que además no había previsión alguna de abono. Ante tal incertidumbre, ISF y UNAC paralizaron el programa. Para Carrillo, esta suspensión supone no solo “la pérdida de las sinergias creadas y de la continuidad en la implementación de las actividades, y en consecuencia la imposibilidad de alcanzar los objetivos propuestos”, sino que además “resta eficiencia a la capacidad de transformación de la financiación ya invertida, obligando a reiniciar muchos de los procesos que se empezaron en su momento cuando vuelva a ponerse en marcha. Durante 2011 -continúa- se trabajó en 7 comunidades con una población de 2.400 habitantes, que se han quedado con las fuentes de agua a medio construir, y los restantes 5.170 habitantes deberán seguir esperando a ver el agua en su comunidad”.
Impagos y despidos
Para Luis Alberto Mozo, subdirector de la ONG Proyecto Solidario para la Infancia, lo peor fue el año 2012. “Ya a finales de 2011 empezamos a detectar problemas, retrasos en los pagos. En 2012 tuvimos que reducir drásticamente nuestro presupuestos, alrededor de un 60-70 por ciento. Cerramos oficinas, tuvimos que despedir, tanto en España como a gente que estaba trabajando en terreno en Perú, en Haití o en Marruecos, donde teníamos seis personas y un voluntario y ahora solo a dos personas. Y actualmente la situación no es mucho mejor. Seguimos estando muy justos, con subvenciones sin resolver. Hay proyectos que ya se han ejecutado, que se ha justificado ese dinero, y que todavía no han sido pagados”.
Hasta el momento, están consiguiendo, de alguna forma, sacar sus proyectos adelante. Pero algunos están en la cuerda floja. Desde Proyecto Solidario, Mozo nos cuenta que su mayor complicación en ese sentido ahora mismo está en Haití. “Después del terremoto construimos un centro de acogida para niños. Cuando ocurrió, la sociedad y la Administración españolas estaban muy volcadas en ayudar a resolver esa situación, nosotros confiábamos en poder estar presentes allí y llevar a cabo nuestra iniciativa sin problemas. Pero actualmente el centro está en una situación muy precaria. Para mantenerlo solo contamos con una pequeña subvención de la Comunidad de Madrid, y si la situación se mantiene así vamos a tener problemas para continuar atendiendo a los cerca de 40 niños acogidos”.
Desde Solidaridad Internacional, ahora Alianza por la Solidaridad desde su unión con Habitáfrica y la Fundación Ipade, María Sande, responsable de comunicación, nos cuenta que, de momento, han conseguido evitar el cierre de proyectos gracias a que están trabajando con concursos firmados por cinco años y que se financian a través de pagos anuales. “El dinero comprometido está llegando, pero el problema es el 2014″, pues es ahora cuando finalizan esos concursos y no se realizan nuevas convocatorias.
Nos explica cómo, de hecho, la Fundación Ipade, con la que ahora se han integrado, ya ha tenido que cancelar un proyecto medioambiental en Bolivia. “Se trataba de una iniciativa que ya estaba en marcha, y estaba planteada para continuar durante cuatro años más. Pero la convocatoria de ayudas públicas comprometida para 2012 nunca llegó a salir, y tuvieron que cerrar su oficina en Bolivia y dejar el proyecto a medias”.
Las ONG que mejor están capeando el temporal son aquellas que se financian fundamentalmente a través de fondos privados. Es el caso, por ejemplo, del Comité Español de Acnur. Su directora de Proyectos y Relaciones Institucionales, Belén Camba, cree que la viabilidad de su organización no está en peligro porque “las administraciones públicas suponen aproximadamente un 20% de nuestra captación, el 80% proviene de fuentes privadas, lo que nos proporciona estabilidad”.
A pesar de ello, también se están viendo afectados por la situación financiera de algunas CCAA y corporaciones locales: “Nuestro grado de financiación a través de ellas se ha visto reducido entre un 30 y un 40%, aunque en algunos casos ha llegado al 100%”. Hasta el momento, en su caso los recortes no han supuesto el abandono de ningún proyecto en terreno, pero “también es cierto que las grandes emergencias a las que Acnur se está enfrentando, como Mali, Sudán del Sur y muy especialmente Siria, exigen cada vez más recursos y esto provoca que se limiten en otras operaciones”.
En un país con un paro desmedido, descreído de la clase política, con una crisis que parece no tener fin, y con un discurso latente que enfrenta a pobres contra pobres y que empieza a calar en una parte de la población, hablar de solidaridad internacional… ¿es una utopía? Para Belén Camba, de Acnur, pensar que la solidaridad debe limitarse en tiempos de crisis es “tener una visión muy limitada de la realidad. Ninguno de los índices de desarrollo humano que tienen los países donde trabajamos se pueden comparar con las situaciones que estamos viviendo en España, por muy difíciles que sean y entendemos que lo son. La ayuda al desarrollo es una cuestión de solidaridad y de visión de futuro”.
María Sande, de Alianza por la Solidaridad, insiste en que abandonar las políticas de cooperación es un grave error. En primer lugar, por el indudable impacto directo en las personas más desfavorecidas del planeta. Pero “políticamente también es una equivocación. De hecho, el Gobierno mantiene su discurso de erradicación de la pobreza, aunque no lo esté cumpliendo. España, con la firma en 2007 de un Pacto de Estado sobre Cooperación y el incremento en aquellos años de las AOD, se ganó una creciente influencia en organismos multilaterales y participación en importantes foros. Un protagonismo de gran valor político que hemos perdido”.
Desde la Congde tienen muy claro que hay otra forma de hacer las cosas, que la crisis no debe suponer un abandono de las políticas solidarias. Por eso ponen sobre la mesa diferentes ‘antídotos’ para evitar que la cooperación española entre definitivamente en fase de deconstrucción.
Otras fuentes de ingresos
Una de esas alternativas es la famosa Tasa Tobin. Se trata de un impuesto sobre las transacciones financieras (un 0,1% para las compras de acciones y bonos y de un 0,01% para las operaciones con derivados) que los movimientos antiglobalización llevan años reclamando, y que obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea para que pueda ser aplicado por 11 países de la UE, entre ellos España. Según técnicos de Bruselas, nuestro país podría recaudar entre 4.000 y 5.000 millones de euros con este impuesto. “Estamos luchando para que una parte de ese dinero se destine a AOD -explica la presidenta de Congde-. Podría ser de gran utilidad, pero nos preocupa que vaya en su totalidad e impunemente a las arcas del Estado”.
Otra de sus demandas es incidir en campañas de concienciación en la recaudación obtenida a través de la declaración de la renta. “La mitad de la población no marca ninguna casilla, y la gente tiene que saber que esa aportación es importante. Además, debemos estar vigilantes de que esos fondos realmente son destinados a fines sociales”.
Desde la Congde demandan también un reparto más equitativo de los presupuestos. “Es necesario un mayor control sobre los gastos de Defensa -Ministerio que el año pasado gastó 15.000 millones más de lo presupuestado-. España es el séptimo productor de armas que se destinan a países en guerra y con conflictos armados, donde la situación de la población civil es grave”. “Los presupuestos deben equilibrase de otra forma”, reclama Ruiz-Giménez.
Y por último, un reparto más justo de la propia AOD. “Hay un porcentaje muy elevado de ese dinero que no se destina a proyectos tangibles de ayuda humanitaria, sino a lo que llaman acción exterior y al fortalecimiento de nuestras empresas en el exterior. Las empresas han entrado como actores en la ayuda al desarrollo, pero el problema es que no hay control sobre esas empresas, no tienen que auditar y justificar sus cuentas con transparencia”. Esta situación lleva a situaciones incoherentes, porque las mismas empresas que reciben fondos de AOD están violando derechos en los países destinatarios de esa ayuda. “Por ejemplo, en Perú nuestros socios locales nos preguntan cómo pueden confiar en los proyectos planteados por Repsol en el país, que por un lado está cometiendo abusos y por otro destinando fondos de AOD”, denuncian desde la Coordinadora.
Mientras, la política de recortes sigue imparable, actuando como un torpedo en la línea de flotación del sistema. Bajo la premisa de atajar el déficit, la Administración sigue apretando la soga en el cuello del Estado de Bienestar. Desde el llamado Tercer Sector tienen claro que la solución al déficit no es abandonar las políticas solidarias ni reducir el gasto en educación y sanidad. “El déficit no se reduce así. El déficit se reduce luchando contra la economía sumergida, eliminado los paraísos fiscales y gravando más a los grandes capitales”, defiende Mercedes Ruiz-Giménez. Porque a pesar de la crisis española, la presidenta de la Congde nos da una ‘bofetada’ de realidad: “Aquí contamos el número de parados, pero hay países donde lo que se cuenta es el número de muertos”.
REVISTA NÚMEROS ROJOS
